El Grupo Municipal del Partido Popular en Calatayud ha presentado una moción al pleno solicitando al Gobierno central la modificación y desarrollo reglamentario de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, así como la asignación de financiación suficiente para afrontar las nuevas competencias que esta norma atribuye a los Ayuntamientos.
La moción destaca que, la Ley otorga un papel fundamental a los Ayuntamientos, reconociéndolos como el primer nivel de administración encargado de la protección animal y de garantizar la convivencia responsable. También establece importantes avances en la protección animal, como la gestión de colonias felinas mediante el método CER, la creación de Centros de Protección Animal y protocolos para emergencias, su aplicación se ve obstaculizada por la falta de claridad normativa y recursos económicos adecuados.
Desde el Ayuntamiento de Calatayud se resalta el compromiso histórico de nuestro municipio con el bienestar animal, prestando buena parte de estos servicios antes de la creación de esta ley e incluyendo la gestión ética de colonias felinas y el mantenimiento de un Centro de Protección Animal. Sin embargo, estas acciones han supuesto un elevado impacto presupuestario, con gastos que en 2024 ascendieron a más de 36.500 euros, asumidos mayoritariamente con recursos propios de todos los bilbilitanos.
El Ayuntamiento de Calatayud está fomentando continuamente campañas de educación y sensibilización ciudadana sobre la tenencia responsable de animales, la lucha contra el abandono y el maltrato, la recogida de excrementos en la vía pública y la importancia de la identificación y la esterilización. El próximo año se construirá un cementerio de animales domésticos en Calatayud.
La propuesta que se aprobará en el pleno de esta tarde insta al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a priorizar el desarrollo reglamentario de la Ley, a asegurar una financiación adecuada para atender el incremento de competencias municipales y a reforzar la coordinación entre administraciones. Estos acuerdos serán trasladados al Gobierno de España, a la FEMP y a los grupos parlamentarios del Congreso y Senado.